Para cualquier Gobierno es crucial alcanzar los resultados que le demandan la sociedad y sus diferentes actores. Las razones son muchas y generalmente las que más peso tienen son de tipo político. Sin embargo, el lograr estos resultados supone -en primer lugar- el hecho de definirlos, lo cual es un proceso complejo que depende en gran medida de la orientación partidista, de la experiencia y visión del Titular y de su equipo de trabajo, así como de los compromisos creados tanto para con los diferentes actores sociales como para con los grupos de influencia y poder.

Bajo esas circunstancias, no siempre los resultados institucionales determinados por un Gobierno, son acordes a las necesidades más sentidas de la población -o de grupos mayoritarios de la población-; de tal manera que sus intereses legítimos no llegan a verse atendidos cabalmente; nos referimos entre otras cosas a la seguridad pública, a la falta de empleo, a la pobreza, a la contaminación, a la inequidad, a la corrupción y a otros males que nos aquejan desde hace muchos años.

La primera causa de eficiencia en el Gobierno -y tal vez la más trascendente- estriba en la determinación de su agenda de trabajo para un período de tiempo dado, en la cual se definan con toda claridad los objetivos de más amplio alcance y jerarquía que se han de lograr, los beneficios y resultados concretos que se le aportarán a la Sociedad en su conjunto, los medios a través de los cuales se llevarán a cabo y los tiempos de ejecución.

El error más lamentable consiste en la nula o escasa definición de objetivos que le permitan a la Sociedad el desarrollo equilibrado de sus potencialidades, la generación de los medios legales, estructurales y materiales para lograrlo, el fortalecimiento de sus capacidades y la superación de sus males más agudos. Sin embargo, aún hoy es una práctica común el que los Gobiernos programen y presupuesten sin estas bases, convirtiendo así esta actividad en un acto de escasa imaginación y trascendencia, mediante el cual se fijan metas institucionales que en nada o en muy poco contribuyen a resolver las cuestiones críticas de la problemática social.

El asunto de fondo se resume en determinar los "qué" y los "para qué" de la actuación gubernamental; sin dejar de incluir -realmente- las demandas, el sentir y el pensar de todos los diferentes grupos y actores sociales, para que con ello, los actos de Gobierno tengan ese carácter público a que hacen referencia y, porque si se desdeña la diversidad de opiniones, conceptos y creencias, se tendrán menos probabilidades de capitalizar las oportunidades que tenemos como Sociedad para avanzar hacia esquemas más atinados de desarrollo.

Si el Gobernante en turno y su equipo de trabajo son capaces de comprender los principios de la dinámica social y económica propia de la región (en relación con el país y su entorno global), de tal manera que ese entendimiento pueda traducirse en objetivos, estrategias, planes de gobierno y políticas públicas para atender las peculiaridades de esa dinámica, entonces la eficiencia en el Gobierno puede dar un salto cualitativo, puesto que las ideas, los esfuerzos, los recursos y los tiempos se orientarían hacia una misión común.

Hoy por hoy, las divergencias en los diferentes niveles de Gobierno, los intereses políticos y económicos de algunos grupos y la pasividad de la sociedad en su conjunto, han dejado poco margen para que un proyecto de nación incluyente se consolide, para que se establezca una estrategia sobre la cual fincar la generación de ventajas competitivas como país y para lograr los consensos necesarios para su implementación y desagregación.

Mientras no nos pongamos de acuerdo en lo fundamental, difícilmente la eficiencia en el Gobierno mejorará, seguiremos hablando de la reforma del estado y de la reforma administrativa, de que ya no hay corrupción y de que cada vez se logra más productividad y calidad en las acciones gubernamentales, pero seguiremos apreciando con tristeza que los grandes males sociales y económicos de este siglo continuarán y tal vez empeoren.